Cómo construir poder de negociación ante la digitalización educativa
Por Beatriz García González, Secretaria del Sector Educativo, UGT Servicios Públicos y Marta Herráiz Portillo, Jefa de Educación Pública, UGT Servicios Públicos
La digitalización acelerada de las aulas
y la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) representan uno de los
mayores desafíos normativos, laborales y pedagógicos para los sindicatos de la
educación a nivel global. Lejos de adoptar una postura pasiva ante la
asimilación tecnológica o una posición puramente reactiva, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos
(España) ha desarrollado una estrategia sindical basada en la participación del
profesorado, el análisis de evidencias y la negociación colectiva para afrontar
los retos que plantea la inteligencia artificial en la educación.
Este modelo metodológico sirve de guía a
otras organizaciones del sector educativo y de referencia indispensable para la
negociación colectiva con las administraciones públicas. A través de él, se
reivindica la necesidad urgente de fortalecer la fuerza sindical para asegurar
que la voz de los docentes se sitúe en el centro del diseño de las políticas
educativas digitales.
Para UGT Servicios
Públicos, la transformación digital de la educación no puede quedar
exclusivamente en manos de proveedores tecnológicos o decisiones
administrativas unilaterales. Debe formar parte de la negociación colectiva y
del diálogo social, garantizando la participación efectiva de las
organizaciones sindicales.
A continuación, analizamos en
profundidad los elementos clave
de la estrategia desarrollada por UGT Servicios Públicos.
Eje
1: Definir un relato político sólido centrado en el factor humano
El primer paso para consolidar la fuerza
de negociación sindical consiste en establecer un marco ético, pedagógico y
político riguroso que guíe la acción colectiva antes de abordar cualquier
debate estrictamente técnico o instrumental. Desde el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, se ha definido con
claridad el posicionamiento de la organización para contrarrestar la narrativa
puramente mercantilista de las grandes corporaciones tecnológicas:
Subordinación
de la tecnología a la pedagogía:
La tecnología debe ser considerada una herramienta de apoyo y estar
estrictamente supeditada a los fines generales de la educación, la mejora
de la equidad y la dignificación de las condiciones de trabajo del
profesorado. Nunca debe plantearse como un instrumento de imposición
unilateral que degrade la calidad del empleo.
La
irreemplazable relación pedagógica:
La interacción humana y afectiva en la relación docente-estudiante se
erige como el verdadero motor del aprendizaje autónomo, la madurez
intelectual y el desarrollo emocional del alumnado. Ningún software de
tutorización o sistema de IA puede sustituir el acompañamiento
personalizado, la empatía y la labor orientadora de las plantillas de los
centros. no puede sustituir el valor pedagógico y humano de la relación
educativa
Con estas premisas, el sindicato logra
desplazar el debate fuera de los márgenes estériles de la tecnofobia o la
tecnofilia. El foco se sitúa de manera constructiva en cómo se gobierna, regula e introduce la tecnología, blindando
siempre los derechos sociolaborales y los principios de justicia social.
Eje
2: El "sindicalismo basado en evidencias" (El diagnóstico de las
aulas)
Para confrontar los discursos de las
administraciones que a menudo minimizan los riesgos de la digitalización, es
fundamental que las propuestas sindicales cuenten con el respaldo de datos
empíricos incontestables. Bajo esta premisa de "construir poder a través
de evidencias", se diseñó y distribuyó una consulta a gran escala entre
noviembre de 2025 y enero de 2026, logrando la participación de 1.376 docentes procedentes de diversas
etapas educativas (el 83,9% de ellos desempeñando su labor en la red pública).
El análisis pormenorizado de este
diagnóstico arrojó conclusiones sumamente reveladoras que sirven como evidencia clave central en las mesas de negociación:
La
realidad de la sobrecarga laboral:
Frente a la promesa corporativa de que la IA ahorraría tiempo
administrativo, el 83,93% del
profesorado constató que su implantación incrementa
significativamente la carga de trabajo diaria. Esto se debe a tareas
emergentes como la constante supervisión de plagios, la necesidad de
contrastar la veracidad de contenidos automatizados que presentan errores
conceptuales y la obligación de rediseñar las metodologías de evaluación
tradicionales parvea adaptarlas a esta nueva coyuntura.
Uso
asimétrico de las herramientas:
El estudio detectó que, aunque el 88,60%
de los docentes utiliza sistemas de IA, lo hace con una profunda
cautela profesional. El 71,65%
limita su uso exclusivo a la fase de planificación y preparación
previa de materiales didácticos. Por el contrario, solo porcentajes
mínimos confían en la IA para evaluar tareas (11,26%) o para orientar al
alumnado (10,10%), protegiendo de forma consciente su propio criterio
profesional de evaluación.
Riesgos
latentes en el rendimiento escolar:
Las respuestas de los profesionales encendieron alarmas sobre el
desarrollo cognitivo del alumnado: el 86,70% advirtió que la IA propicia el plagio y la falta de
esfuerzo cognitivo sistemático, mientras que el 83,57% denunció una pérdida progresiva de pensamiento crítico
e independencia intelectual. Asimismo, el 91,77% opina que la IA desregulada dificulta en cierta medida
la adquisición de competencias básicas y transversales.
Eje
3: Traducir los datos en propuestas normativas para la negociación colectiva
El principal valor del diagnóstico de la
realidad escolar en los sindicatos es su viabilidad práctica. Al recopilar
estas evidencias, el Sector de
Enseñanza de UGT Servicios Públicos estructuró un Decálogo de Reivindicaciones concebido
como un programa de exigencias ante las administraciones educativas y las mesas
de concertación social:
Garantía
de la autonomía docente: Exigir marcos normativos que
blinden la libertad de cátedra y aseguren que la última decisión
pedagógica sobre metodologías, contenidos y evaluación recaiga siempre en
el docente de forma exclusiva.
Formación
pública, continua y regulada:
Demandada por el 75,14% del
colectivo, la formación sobre el uso técnico y ético de la IA debe ser
impartida directamente por la administración, de carácter gratuito y
siempre dentro de la jornada laboral oficial, evitando que recaiga sobre
el tiempo personal de las plantillas.
Inversión
para combatir la brecha digital:
Dado que el 45,78% de los
participantes teme que la IA aumente las desigualdades de partida, se
exige una inversión pública prioritaria en infraestructuras y licencias
accesibles para los centros públicos, previniendo que los recursos
tecnológicos privados de pago generen nuevas dinámicas de segregación
socioeducativa.
Soberanía
de datos y ciberseguridad: Atendiendo a la preocupación del 48,54% del profesorado por la
privacidad de los menores, se plantea la obligatoriedad de utilizar
plataformas institucionales públicas auditables que cumplan con la
legislación europea y protejan la información sensible del entorno
educativo de intereses comerciales.
Vigilancia
y auditoría de la salud laboral:
Implementar estudios periódicos y evaluaciones de riesgos psicosociales
que midan el impacto del tecnoestrés y la sobrecarga digital en el
bienestar físico y mental de los docentes, exigiendo la retirada o
corrección de aquellas herramientas que afecten negativamente a las
plantillas.
Conclusión: Reforzar la acción sindical para una
digitalización al servicio de la educación
La experiencia de
UGT Servicios Públicos demuestra que las organizaciones sindicales no pueden
ser meras espectadoras del proceso de transformación digital que está
experimentando la educación. La implantación de la inteligencia artificial en
los centros educativos debe ir acompañada de un marco normativo claro, de un
diálogo social permanente y de una negociación colectiva efectiva que garantice
la participación del profesorado y de sus representantes en todas las
decisiones que afecten a sus condiciones de trabajo y a la calidad de la
enseñanza.
La evidencia
recogida a través de nuestro estudio confirma que la inteligencia artificial
ofrece oportunidades para mejorar determinados procesos educativos, pero
también plantea importantes desafíos relacionados con la carga de trabajo, la
autonomía profesional, la equidad, la protección de datos, la salud laboral y
el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado. Ignorar estas cuestiones
supondría trasladar al profesorado el coste de una transformación tecnológica
que debe estar al servicio de la educación y no al contrario.
Desde UGT Servicios
Públicos defendemos una digitalización responsable, ética e inclusiva, en la
que la tecnología complemente, pero nunca sustituya, el papel esencial del
profesorado. La innovación solo tendrá sentido si contribuye a fortalecer la
educación, mejorar las condiciones laborales de quienes la hacen posible cada
día y garantizar una enseñanza de calidad para todo el alumnado. Ese es el
compromiso que seguiremos defendiendo en todos los ámbitos de negociación y
diálogo social.
